Parte de los problemas endeudamiento público no se originan sólo en el Estado, sino en las
CCAA y
sobre todo en los ayuntamientos, como gobiernos peores gestionados y más endeudados a todos los niveles.
Sin ir más lejos, los ayuntamientos deben sólo a la Seguridad Social 140 millones, de los cuales, el 56% por importe de 79 millones están concentrados en cinco ayuntamientos de Cádiz y Sevilla. Pero ni son los únicos ni es la única deuda entre administraciones públicas existente, y como se puede imaginar cualquiera, gestionar bien es muy difícil pero gestionar con deudas es una tarea de titanes. Dado que se hace necesario un saneamiento profundo de las administraciones públicas, se deberían llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Obligar a los ayuntamientos a presupuestos de equilibrio o en superávit. La epóca dorada del aldrillo pasó a la historia y tienen que ajustar urgentemente sus cuentas públicas a su realidad recaudatoria municipal.
- Condonación de deudas con las administraciones públicas, haciendo cero a cierre del 2009, citando a Seguridad social, Hacienda y otros entes públicos de niveles superiores. Con esta medida, sólo les quedaría la deuda contraida con el sector privado, deuda que se debe pagar mediante los saldos presupuestarios anuales no aplicados siguiendo el primer criterio.
- Análisis de costes de estructura de todos los consistorios. La mayoría de ayuntamientos tiene un volumen de costes fijos que no pueden soportarlos, destacando como primer punto partidas disparatadas de gastos de personal o ratios de funcionarios/habitante que no tienen explicación alguna. Si un ayuntamiento tiene una estructura de personal y servicios que es deficitaria sólo tiene las siguientes opciones: aumenta impuestos dentro de los límites permitidos por la Ley de Haciendas Locales, privatiza servicios públicos si los tiene o recorta personal, pero no se pueden mantener presupuestos municipales deficitarios de manera indefinida.
- Limitar el poder de gasto por concejales. Sin ir más lejos, un ayuntamiento con 10.000 personas puede autorizar a un concejal a gastar hasta 3 millones de euros sin consentimiento expreso del Alcalde, Pleno o comisión de control de Hacienda. Este límite es equivalente a colocarle un revólver en la mano a un niño de 4 años. Al final logra hacer daño.
Y por último, sólo por la mejora intrínseca de nuestros consistorios, obligar a que al menos un 75% de las listas de futuros concejales y políticos que van a formar los distintos equipos de gobierno,
tengan como mínimo unos estudios básicos, definiendo como básicos un bachillerato o equivalente. Creo que no es mucho pedir desde luego y no veo que sea una medida discriminatoria, pero al menos, una cultura básica y general será necesaria para poder gestionar un pueblo, o al menos eso marca la lógica.
Via: elblogsalmon.com
